La Constitución Española (CE) reconoce, en su artículo 47, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho.
Para dar una respuesta integral y normativa a este mandato constitucional, surge la primera ley estatal reguladora del derecho a la vivienda, la ley 12/2023, abordando de manera sistemática los múltiples aspectos del derecho a la vivienda.
Uno de los objetivos principales de la ley es establecer un marco normativo que promueva el acceso equitativo a la vivienda. Esto incluye la posibilidad de implementar políticas de promoción pública de viviendas y el desarrollo de estrategias de colaboración entre el sector público y privado.
Ley de vivienda: Objetivos
La ley de vivienda busca garantizar el derecho universal a la vivienda mediante un marco normativo que respalde a colectivos vulnerables, fomente la transparencia y promueva la colaboración entre las distintas administraciones. Esto refuerza la lucha contra la especulación y asegura un mercado inmobiliario más justo y equitativo.
La implementación de la ley requiere la optimización de los recursos disponibles para atender a las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos deberán coordinar esfuerzos para identificar las necesidades locales de vivienda, facilitando mecanismos que permitan el acceso a viviendas asequibles y adecuadas.
Nueva Ley de vivienda: Novedades
La nueva ley de vivienda regula los aspectos esenciales del acceso a la vivienda desde una doble vertiente, una jurídico-pública, como es la contemplada, principalmente, en el título preliminar y en los títulos I a III, y otra vertiente jurídico-privada, más presente en el título IV.
Se configuran las políticas destinadas a satisfacer el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada como un servicio de interés general, tanto mediante la creación y gestión de parques públicos de vivienda como a través de aquellas actuaciones, públicas y privadas, que tengan por objetivo la provisión de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.
Por otro lado, las políticas públicas deben favorecer la existencia de una oferta suficiente y adecuada de vivienda, que responda a la demanda existente y permita el equilibrio del mercado, asegurando la transparencia y adecuado funcionamiento del mismo.
Entre las medidas que incorpora la Ley, con implicaciones en el sector privado, están aquéllas que tratan de controlar el incremento de los precios de alquiler o que persiguen incrementar la protección de las personas vulnerables en los procesos de desalojo.
Por otro lado, la legislación también fomenta la colaboración entre el sector público y privado. Las Administraciones públicas podrían establecer incentivos para proyectos de vivienda colaborativos, facilitando terrenos o financiación a desarrollos que prioricen el acceso asequible.
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